Hace tiempo que la inteligencia artificial (IA) dejó de ser una promesa tecnológica para convertirse en una infraestructura invisible de la vida cotidiana. Está presente cuando buscamos empleo, solicitamos un préstamo, acudimos al médico o realizamos gestiones con la Administración. Pero su expansión plantea una cuestión que trasciende la tecnología: cómo aprovechar el potencial de una herramienta llamada a transformar radicalmente el mundo sin poner en riesgo los derechos, la seguridad y las libertades de los ciudadanos. Ese fue el tema central del encuentro La protección de la ciudadanía ante el desarrollo de la IA, organizado por EL PAÍS y la Fundación Mutua Madrileña, en colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), y celebrado el pasado 16 de junio en Madrid.
