El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA) concluyó que 49 participantes de las protestas populares e inéditas que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021 —que convirtió automáticamente a los ciudadanos en presos políticos—, sufrieron detenciones arbitrarias, desaparición forzada, injustos juicios y condenas, tortura, aislamiento, y discriminación por motivos políticos y religiosos. Cuatro años después de la manifestación, que terminara con la encarcelación de más de 1500 personas, los cubanos y los organismos internacionales siguen exigiendo justicia. “Ha sido un largo camino, pero cualquier condena justa es positiva, por mucho que represente una ínfima parte de la realidad que viven los cubanos”, aseguró a EL PAÍS Javier Larrondo, director de Prisoners Defenders, la ONG que documentó y presentó los casos ante el Grupo de Trabajo.
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