El subjefe de gabinete de la Casa Blanca Stephen Miller explicó este viernes 29 de agosto que el despliegue naval y militar de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela responde a la estrategia del presidente Donald Trump de considerar a los cárteles de narcotráfico como “organizaciones terroristas extranjeras”.
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En una declaración desde Washington, el funcionario señaló que estas redes criminales representan una amenaza directa a la seguridad nacional estadounidense.
“Y lo que quiero dejar muy claro: el presidente lo ha dicho, de hecho desde la campaña y después desde el primer día de esta presidencia, que el papel de los carteles criminales en el hemisferio son organizaciones terroristas extranjeras que representan un peligro claro e inminente para el pueblo estadounidense. No existen organizaciones en este planeta responsables de más muertes de estadounidenses que los carteles criminales, los narcotraficantes que operan en el hemisferio occidental”, dijo Miller.
Añadió que Trump “ha sido claro al decir que la misión de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos incluye la defensa de la nación frente a esas organizaciones terroristas extranjeras, incluidos los carteles. Y lo que ustedes están viendo es la determinación del presidente y de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de combatir y desmantelar a las organizaciones de narcotráfico, los carteles criminales y esas organizaciones terroristas extranjeras en nuestro hemisferio”.
El funcionario no precisó si habrá acciones adicionales, pero aseguró que Trump “no descarta nada” en la presión contra los cárteles y el régimen de Nicolás Maduro.
El despliegue, que incluye los buques USS Iwo Jima, USS San Antonio, USS Fort Lauderdale, y destructores como el USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, con 4.000 militares, comenzó el 14 de agosto, según Reuters. La Casa Blanca vincula al Cártel de los Soles, presuntamente liderado por Maduro, con el narcotráfico, y el 25 de julio lo designó como organización terrorista global.
Así mismo, la recompensa por la captura de Maduro, elevada a 50 millones de dólares el 7 de agosto, intensifica la presión sobre el régimen.
