El régimen chavista confirmó este jueves 7 de mayo que el preso político Víctor Hugo Quero Navas murió el 24 de julio de 2025 bajo custodia del Estado. La revelación llegó casi diez meses después de su fallecimiento y tras meses de silencio oficial, mientras su madre recorría cárceles, tribunales y organismos públicos exigiendo respuestas sobre el paradero de su hijo.
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La confirmación no llegó por voluntad institucional ni por transparencia judicial. Llegó después de protestas públicas, denuncias de organizaciones de derechos humanos y presión nacional e internacional sobre un caso que ya era señalado como una desaparición forzada. Durante todo ese tiempo, el régimen supo que Quero estaba muerto y decidió callar.
El Ministerio para el Servicio Penitenciario aseguró en un comunicado que Quero falleció en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo por una “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”. También admitió que el cuerpo fue enterrado el 30 de julio de 2025 porque “ningún familiar se presentó” y porque el detenido no registró vínculos filiatorios durante su reclusión.
Sin embargo, esa versión oficial choca con la realidad que denunció durante meses Carmen Teresa Navas, madre del preso político. Ella sí buscó a su hijo. Lo hizo públicamente. Lo hizo frente a tribunales, organismos de seguridad y medios de comunicación. Preguntó una y otra vez dónde estaba Víctor Hugo Quero. Nunca obtuvo respuesta.
Mientras la familia pedía una fe de vida, el régimen guardaba un acta de defunción.
Ese detalle convirtió el caso en algo más profundo que una omisión burocrática. La muerte de Quero dejó de ser únicamente una tragedia personal para transformarse en símbolo de la opacidad del sistema penitenciario venezolano y de la manera en que el régimen administra la información sobre los presos políticos.
Además, la cronología oficial expuso nuevas contradicciones. El chavismo afirmó que el CICPC abrió una investigación en marzo de 2026 tras conocer en redes sociales denuncias sobre la desaparición de Quero. Es decir, organismos del propio Estado investigaban el paradero de un hombre que ya sabían muerto desde julio del año anterior.
La decisión de mantener silencio durante casi un año pareció responder a una lógica política más que administrativa. Reconocer la muerte de un preso político bajo custodia implicaba admitir responsabilidad institucional en medio de crecientes denuncias internacionales sobre desapariciones forzadas, torturas y condiciones carcelarias en Venezuela.
Por eso el caso golpeó con fuerza incluso dentro de sectores acostumbrados a la narrativa oficial. No se trató solamente de un detenido fallecido. Se trató de una familia buscando a alguien que el Estado ya había enterrado.
Entretanto, organizaciones como Foro Penal y dirigentes opositores insistieron durante meses en que Quero era víctima de desaparición forzada. La confirmación oficial terminó reforzando parte de esas denuncias y abrió nuevas preguntas sobre cuántos otros casos similares podrían existir dentro de las cárceles venezolanas.
El régimen finalmente habló. Pero lo hizo cuando ya no podía sostener el silencio. Y al hacerlo confirmó algo todavía más grave: durante casi un año prefirió ocultar la muerte de un preso político antes que reconocer lo ocurrido bajo su custodia.
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